La UPTC solicita la restitución del predio en el Pozo de Donato tras cuestionamientos de la Contraloría sobre el canon de arrendamiento del icónico restaurante.
Pizza Nostra podría cerrar su emblemático establecimiento del parque del Pozo de Donato en Tunja, un punto de venta que ha operado durante 28 años en un predio que pertenece al campus de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). La situación escaló a nivel institucional luego de que la Contraloría General de la República reportara un hallazgo fiscal por mil millones de pesos, correspondiente a los últimos cinco años de ejecución del contrato.
La controversia tiene su origen en el monto percibido por la universidad en concepto de canon de arrendamiento. El organismo de control advierte que la cifra pactada no guarda proporción con el valor comercial del inmueble, lo que generaría un desequilibrio en las finanzas de la institución educativa. Actualmente, el restaurante realiza un pago mensual de seis millones de pesos en efectivo, suma que ha sido catalogada como insuficiente dentro del proceso de responsabilidad fiscal iniciado por la entidad.
El contrato vigente vincula el pago monetario con una serie de obligaciones en especie que el arrendatario debe cumplir rigurosamente. Estas tareas incluyen la vigilancia permanente, el mantenimiento de las áreas verdes y la protección de los monolitos de Goranchacha y el Pozo de Hunzahúa. Para el empresario Rafael Cortés, estos servicios representan un gasto operativo de aproximadamente 20 millones de pesos mensuales, adicionales al canon que entrega en efectivo a la Cámara de Comercio.
La UPTC tomó la determinación de no renovar el convenio administrativo con la Cámara de Comercio de Tunja, el cual vence formalmente en agosto de 2027. Esta decisión responde a la necesidad de la universidad de ajustar sus procesos contractuales a las exigencias de transparencia y rentabilidad que demanda la ley. La institución ya solicitó de manera oficial la restitución del inmueble, notificando la terminación del vínculo que permitía la operación del restaurante a través de un tercero intermediario.
Por su parte, el rector de la universidad, Enrique Vera López, manifestó que el proceso busca corregir las inconsistencias señaladas por los entes de control para evitar sanciones patrimoniales contra la Alma Mater. La administración universitaria prepara una defensa técnica basada en que el convenio garantizaba la conservación de un sitio histórico que la universidad no podía atender con recursos propios. Este argumento resalta que el privado asumió costos de jardinería y seguridad que de otra forma recaerían sobre el presupuesto académico.
Desafíos logísticos y futuro de la protección arqueológica
La gestión del predio por parte de Pizza Nostra permitió que un lugar anteriormente abandonado y convertido en foco de inseguridad se transformara en un atractivo turístico funcional. Antes de 1998, el área del Pozo de Donato presentaba un deterioro significativo y era utilizada para actividades ilícitas debido a la falta de presencia institucional. La llegada del restaurante financió la adecuación de senderos, la construcción de parqueaderos y el mantenimiento constante de la piedra precolombina que rodea la laguna.
No obstante, la Universidad evalúa actualmente la viabilidad de suscribir un contrato directo con el propietario de la pizzería una vez se restituya el bien. Este nuevo modelo de contratación eliminaría la figura de la Cámara de Comercio y establecería una tarifa mensual reajustada según los precios del mercado inmobiliario actual. Los dineros recaudados por este concepto tendrían un destino específico: financiar las investigaciones y excavaciones del programa de Arqueología de la universidad.
El costo estimado para que la UPTC asuma la administración directa del parque supera los 30 millones de pesos mensuales en gastos fijos. Esta cifra contempla la contratación de personal de seguridad privada para cubrir las 24 horas y cuadrillas de mantenimiento para las áreas verdes y senderos. La falta de estos recursos propios es una de las mayores preocupaciones de la administración, pues el retorno pleno del bien podría implicar una carga financiera adicional para la institución.
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Sergio Armando Tolosa, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja, aclaró que la entidad mercantil no ha derivado utilidades de este convenio durante casi tres décadas. La Cámara intervino inicialmente en 1988 como una labor de responsabilidad ciudadana para recuperar un espacio público emblemático que estaba a su suerte. Con el paso de los años, la entidad mercantil trasladó la operación al privado bajo condiciones que priorizaran la inversión en la infraestructura del parque sobre el beneficio económico directo.
Perspectivas del empresario y la comunidad
El propietario de Pizza Nostra, Rafael Cortés, expresó su sorpresa ante el escándalo fiscal y calificó la situación como una afectación injusta a su buen nombre comercial. Cortés asegura que ha invertido más de 400 millones de pesos en la adecuación del salón, los accesos y la seguridad del entorno arqueológico desde que asumió el local. El empresario enfatiza que el valor real de su aporte mensual, sumando dinero y servicios, asciende a los 26 millones de pesos, cumpliendo con las expectativas del mercado.
Ante la posibilidad de un desalojo en 2027, el restaurante ya inició la búsqueda de predios alternativos en la ciudad para construir una sede moderna e independiente. El objetivo del empresario es proteger la marca y la estabilidad de sus empleados frente a la incertidumbre contractual que rodea el Pozo de Donato. Cortés insiste en que su permanencia ha garantizado que el sitio sagrado muisca sea accesible para los turistas de manera organizada y segura.
Asimismo, los vigías del patrimonio en Tunja advierten que el cierre del restaurante podría tener consecuencias negativas para el turismo local, mientras que las organizaciones ciudadanas señalan que el modelo actual permite que el parque permanezca abierto al público sin costo directo para la ciudad, gracias al mantenimiento financiado por la actividad comercial. El temor generalizado es que, sin un operador privado, el predio vuelva al estado de abandono que presentaba hace 38 años antes de la intervención de la Cámara de Comercio.
La Contraloría continuará con el proceso de investigación para recaudar las pruebas necesarias y determinar las responsabilidades individuales de los funcionarios involucrados. El hallazgo fiscal de mil millones de pesos es una cifra que la universidad debe justificar detalladamente para evitar un proceso de cobro coactivo. Este trámite legal condiciona cualquier negociación futura con Pizza Nostra, ya que la UPTC debe demostrar que el nuevo canon se ajusta a la legalidad vigente.
Entre tanto, el debate público en Boyacá se mantiene activo entre quienes exigen el retorno del predio a la academia y quienes defienden la continuidad del restaurante por su labor de custodia. La UPTC ha reiterado que su prioridad es salvaguardar el patrimonio arqueológico bajo esquemas financieros que no comprometan su estabilidad económica. El desenlace de esta crisis dependerá de la capacidad de las partes para conciliar los requerimientos fiscales con la realidad operativa de un parque de siete mil metros cuadrados.
El destino de Pizza Nostra en su sede icónica se resolverá en las mesas técnicas donde se definan las nuevas tarifas de arrendamiento directo. La permanencia del restaurante en el Pozo de Donato está sujeta a que la propuesta económica satisfaga las observaciones de la Contraloría General. Mientras se agotan los términos del convenio actual, la comunidad espera una solución que garantice tanto el flujo de recursos para la universidad como la conservación del sitio histórico más importante de la capital boyacense.
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