Mientras Café OMA recibe el aval para su recuperación financiera, la pionera de las hamburguesas en Colombia enfrenta un limbo judicial que posterga el pago de sus pasivos.
El panorama para las marcas icónicas del grupo Mesoamérica en Colombia presenta un contraste operativo y legal definitivo este abril de 2026. Tras tres años de haber solicitado el ingreso al régimen de insolvencia bajo la Ley 1116 de 2006, la Superintendencia de Sociedades confirmó el éxito del acuerdo de reorganización para Café OMA. No obstante, el proceso de Presto, la primera cadena en masificar la hamburguesa en el mercado nacional, ha sido suspendido debido a una medida provisional dictada por el Juzgado Quinto de Familia de Medellín.
Esta suspensión responde a una acción de tutela interpuesta por un acreedor, quien alega una presunta vulneración del derecho de petición. La decisión judicial interrumpe la audiencia de confirmación del acuerdo, impidiendo que la compañía inicie formalmente el cronograma de pagos de sus pasivos. El limbo jurídico añade una capa de complejidad a una marca que, a pesar de sus deudas, mantiene una infraestructura de 158 puntos de venta y genera más de 700 empleos directos.
Desde una perspectiva histórica y de mercado, la situación de Presto es el reflejo de un pionero enfrentado a ciclos de innovación disruptiva. Nacida en 1981 bajo el respaldo del Grupo Santo Domingo, la marca ostenta el título de “la primera hamburguesa” en un país donde el producto no era de consumo masivo. Su estrategia inicial, centrada en la “salsa Presto” y la conexión con el hogar a través de figuras como el canguro Otto, le permitió dominar la categoría durante una década.
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Sin embargo, el análisis del declive comercial de la marca identifica errores tácticos frente a la entrada de competidores. Mientras Presto se refugiaba en la lealtad familiar y en las plazoletas de comidas de los centros comerciales, competidores como El Corral capturaron el nicho universitario y McDonald’s elevó los estándares operativos globales a su llegada en 1995. El confinamiento de la marca en ferias de comida limitó su impacto visual frente a las apuestas de locales independientes de sus rivales.
En 2012, la adquisición por parte del fondo costarricense Mesoamérica inyectó una dinámica de crecimiento que parecía revertir el estancamiento. Bajo esta gestión, la cadena aumentó su red en un 33% e incrementó sus ingresos de $64.000 millones a $139.000 millones anuales. En 2021, al cumplir 40 años, Presto comercializaba más de 8 millones de combos anuales, manteniéndose como el tercer jugador más relevante del sector, incluso introduciendo innovaciones como la línea vegetal “Veggísimas” con Beyond Meat.
Pese a estos indicadores de volumen, la rentabilidad se vio erosionada por problemas estructurales y una “tormenta perfecta” macroeconómica. La inflación en el costo de insumos básicos como la carne y el pan, sumada a tasas de interés elevadas y una caída en el consumo de los hogares en 2024, llevaron a la sociedad a un deterioro de sus ingresos. El modelo de negocio, altamente dependiente del volumen en centros comerciales, se volvió vulnerable ante el aumento de los costos fijos y operativos.
El ingreso a la Ley 1116 se planteó como la herramienta para salvaguardar la unidad productiva. Para un profesional del sector, el caso de Presto es una lección sobre la importancia de la agilidad en la gestión de pasivos. Mientras el 76,3% de los acreedores de OMA ya validaron una ruta de pago, la falta de una resolución de fondo en la tutela de Presto impide que la marca normalice sus relaciones con proveedores y arrendadores, quienes son piezas clave en la cadena de suministros del sector de alimentos.
A nivel operativo, la marca ha intentado mantener su relevancia con más de 15 lanzamientos por año y estrategias de alto impacto como la campaña “Presto 20K”. No obstante, la vigencia de una marca de cuatro décadas no se sostiene únicamente con marketing en un entorno de reorganización judicial. La incertidumbre actual afecta la percepción de riesgo de los proveedores, lo que podría tensionar aún más el flujo de caja necesario para la operación diaria en las 24 ciudades donde tiene presencia.
El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, ha reiterado que el objetivo de estos procesos es proteger el empleo y la estabilidad empresarial. En el caso de Presto, la suspensión no implica una liquidación inmediata, pero sí posterga la ejecución de los planes de eficiencia que la compañía requiere para competir en un mercado donde las hamburgueserías tipo “smash” y las propuestas de autor están ganando terreno rápidamente.
Para los dueños de negocios y tomadores de decisiones en el segmento de comida rápida, el desenlace de esta tutela será un precedente importante. La capacidad de Presto para salir del limbo jurídico determinará si una marca pionera puede reinventarse bajo el peso de sus pasivos o si el mercado de las hamburguesas en Colombia cerrará definitivamente un capítulo de su historia fundacional.
La gestión de Mesoamérica enfrenta ahora el reto de resolver el conflicto jurídico mientras mantiene la consistencia operativa en sus 158 locales. La Súper Presto con queso y tocineta sigue siendo su producto líder, pero la verdadera “batalla” de la marca hoy no se libra en la cocina, sino en los despachos judiciales. La confirmación del acuerdo de OMA es la luz al final del túnel que Presto espera alcanzar una vez se resuelva la acción de tutela en Medellín.
En conclusión, Presto se encuentra en una fase de resistencia activa. Su infraestructura y reconocimiento de marca siguen siendo activos de alto valor, pero la viabilidad a largo plazo depende de una confirmación judicial que le permita operar sin el lastre de la incertidumbre crediticia. El mercado HORECA colombiano observa con atención el destino de la cadena que enseñó al país a comer hamburguesas.
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