Detrás de cada domicilio entregado a través de una plataforma digital hay una historia de desprotección laboral que una investigación de la Universidad del Rosario puso en evidencia.
Cada vez que alguien abre Rappi o Didi y hace un pedido, del otro lado hay una persona que puso su moto, su teléfono y su gasolina. Que trabaja entre 12 y 14 horas diarias. Que no tiene primas ni vacaciones. Y que, hasta hace muy poco, tampoco tenía seguridad social, pensión ni cobertura de riesgos laborales. Es la economía gig en su expresión más cotidiana y más invisible.
Pero, ¿qué es la economía gig? Se trata de un modelo de trabajo basado en empleos temporales, flexibles e independientes, en lugar de contratos laborales fijos y tradicionales. El término “gig” viene del inglés y hace referencia a un trabajo puntual o por encargo, como el que hacía un músico de jazz que era contratado para tocar en un evento específico y luego seguía su camino.
En la práctica, funciona así: una plataforma tecnológica conecta a personas que necesitan un servicio con personas dispuestas a prestarlo, sin que exista una relación laboral formal entre ellos. La plataforma actúa como intermediario y cobra por esa conexión. En Colombia cerca de 1,8 millones de cuentas activas entre Rappi, Uber, Didi y Cabify, según estimaciones del sector. Una cifra más conservadora de Fedesarrollo sitúa en al menos 200.000 las personas que trabajan a tiempo completo como repartidores o conductores de plataformas digitales. Detrás de esos números hay familias enteras cuyo sustento depende de aplicaciones que, durante años, operaron en un vacío regulatorio que las eximía de asumir cualquier responsabilidad laboral con quienes hacían posible su negocio.
Lo que reveló la investigación
Desde 2020, el sociólogo Óscar Javier Maldonado, profesor de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, viene rastreando las condiciones de trabajo en las plataformas digitales del país. Su trabajo forma parte de Fairwork, una iniciativa coordinada desde la Universidad de Oxford que mapea la economía gig a escala global.
Junto con Derly Sánchez, investigadora principal de Fairwork Colombia, Maldonado publicó en 2024 el artículo Los desafíos del trabajo justo en las plataformas digitales en Colombia: una exploración crítica de la justicia encarnada y la responsabilidad, incluido en el libro Humanistic Management in the Gig Economy. Para construirlo, realizaron cerca de 340 entrevistas a profundidad con conductores, repartidores y trabajadoras domésticas remuneradas.
Los hallazgos son contundentes. Según los datos de Fedesarrollo analizados en el estudio, un repartidor de comida a domicilio por plataforma percibía en promedio 867.000 pesos mensuales trabajando 35 horas semanales. Se reportaron casos de colaboradores de Rappi y Picap que trabajaban más de 70 horas semanales sin alcanzar el salario mínimo vigente. A eso se sumaban salarios inferiores al mínimo, jornadas interminables, vigilancia algorítmica, sanciones arbitrarias y una desprotección total en materia de seguridad social.
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La investigación identificó además una paradoja estructural: para crear riqueza, estas plataformas, que integran la economía formal y son empresas rentables, se nutren del trabajo informal, de instituciones frágiles y de infraestructuras urbanas precarias. Un modelo que, como señala Maldonado, “es propio del capitalismo, al que le interesa la producción del capital mientras los medios de su reproducción son secundarios.”
El argumento de la flexibilidad y sus límites
La defensa habitual de estas plataformas es conocida: sus repartidores no son empleados sino colaboradores independientes y autónomos, lo que les permite manejar sus tiempos con libertad. El argumento tiene algo de verdad y mucho de conveniente.
En la práctica, como documenta la investigación del Rosario, la mayoría de estas personas trabaja a tiempo completo en las plataformas y esa es su fuente primaria de ingreso. La flexibilidad, en ese contexto, es menos una ventaja y más una forma de trasladar todos los costos y riesgos del negocio al trabajador: el repartidor pone la moto, el celular, la gasolina y el seguro. Si tiene un accidente, el sistema de salud absorbe el golpe. Si se enferma, pierde el ingreso. Si llega a la vejez sin haber cotizado, no tiene pensión.
Jhonniell Colina, presidente de UNIDAPP, el sindicato que agrupa a los trabajadores de plataformas digitales en Colombia, lo resume con precisión: “La mitad de lo que ganamos se va en gastos operativos. Para que un repartidor pueda sortear esos rubros, debe ganar como mínimo 20.000 pesos por hora. Pese a todo, solo obtuvimos unos puntos básicos de seguridad social para defendernos.”
La reforma laboral de 2025: un avance parcial
El 20 de junio de 2025, el Congreso colombiano aprobó la Ley 2466, con la que reformó el sistema laboral del país e incluyó, por primera vez, reglamentaciones específicas para el sector de las plataformas digitales. Para los repartidores, el cambio es significativo: las compañías deben garantizar el pago del 60% de los aportes a salud y pensión, y cubrir la totalidad de los riesgos laborales de sus colaboradores independientes.
Para Andrés García Suaza, decano de la Facultad de Economía del Rosario, la cobertura en seguridad social es la puerta de entrada a la formalización y aunque no es la fórmula mágica, sí es un mecanismo concreto de inserción en un circuito de derechos. Maldonado, por su parte, la califica como un hito en la protección laboral, aunque advierte que Colombia “se ve lejos de alcanzar condiciones justas.”
El problema es que la reforma no cobija a todos. Los conductores de plataformas como Uber, Didi y Cabify quedaron por fuera del articulado, en medio de un debate aún irresuelto sobre la legalidad de estas aplicaciones de transporte. En enero de 2026, el Ministerio de Transporte radicó en el Congreso el Proyecto de Ley 347, que generó una controversia inmediata por contener medidas que, según la agremiación Alianza Inn, podrían llevar a la ilegalidad a las plataformas de movilidad. El Gobierno retiró el proyecto temporalmente para hacerle ajustes. Más de 80.000 personas que trabajan como conductores de aplicación siguen esperando una respuesta.
La investigación del Rosario revela que el problema no es exclusivo de Rappi ni de la economía gig. Es el reflejo de una fractura estructural en el mercado laboral colombiano. Solo el 40% de la población cotiza a pensiones. El 75% de los adultos mayores no ha contribuido al sistema de seguridad social. La informalidad laboral en el país ha llegado al 55,4%, según el DANE.
En ese contexto, plataformas como Rappi no crean la desigualdad, pero sí la capitalizan. Como señala Maldonado, su modelo de negocio es prolífico precisamente porque existe una fracción enorme de personas con condiciones precarias. “Las empresas de tecnología tienen una mentalidad colonial y son un poco más agresivas a la hora de reconfigurar sectores”, concluye el investigador.
La reforma laboral de 2025 es un paso adelante. Pero mientras las plataformas sigan priorizando la rentabilidad sobre el bienestar de quienes hacen posible cada entrega, la pregunta de fondo permanece abierta: ¿hasta cuándo el costo humano de la comodidad digital seguirá siendo invisible?
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