El gremio de comerciantes pidió suspender el decreto que fijó el salario mínimo para 2026 por falta de sustento técnico y posibles efectos económicos adversos
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad y una solicitud de suspensión provisional inmediata contra el decreto mediante el cual el Gobierno fijó el salario mínimo para 2026, con un incremento de 23,7 %, incluido el subsidio de transporte. El gremio sostiene que la medida carece de sustento técnico suficiente y podría generar impactos económicos y sociales de gran magnitud.
Según Fenalco, la decisión del Ejecutivo se apartó del marco legal vigente al no basarse de manera estricta en las variables que la ley establece para definir el salario mínimo, como la inflación, la productividad, el crecimiento del PIB y la participación de los salarios en el ingreso nacional. En su lugar, cuestiona el gremio, se introdujo el concepto de “salario vital”, apoyado en referentes de la Organización Internacional del Trabajo que no tienen carácter vinculante en Colombia.
Uno de los principales reparos del gremio es la falta de una explicación clara y verificable que justifique cómo, a partir de variables económicas que apuntaban a un ajuste cercano al 6,2 %, se llegó a un incremento cercano a cuatro veces esa cifra. Para Fenalco, esa brecha evidencia deficiencias técnicas y jurídicas en el decreto.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, advirtió que de mantenerse la medida podrían perderse más de 772.000 empleos formales y cerrarse un número significativo de micro, pequeñas y medianas empresas. El dirigente gremial subrayó que el comercio ya enfrenta presiones por mayores costos laborales, financieros y tributarios, lo que reduce su capacidad de absorber un aumento de esta magnitud.
El gremio insistió en que la discusión no es contra los trabajadores, sino sobre los efectos reales de la medida. A su juicio, una inflación más alta terminaría erosionando el aumento nominal del salario, afectando especialmente a los mismos hogares que se busca proteger.
El pronunciamiento de Fenalco se da en un contexto económico sensible. El cierre de 2025 dejó una inflación de 5,10 %, inferior a la del año anterior, pero aún distante de la meta del 3 % del Banco de la República. En medio de un proceso de desinflación que no se había consolidado, el aumento del salario mínimo volvió a alterar las expectativas del mercado.
Diversos equipos de análisis económico coinciden en que la inflación repuntará en 2026 y podría superar nuevamente el 6 %, con escenarios que la acercan al 7 %. Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá estima que el año cerraría con una inflación de 6,2 %, en un entorno marcado por la incertidumbre fiscal, política y externa.
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El impacto más directo, según los analistas, se daría en los servicios intensivos en mano de obra, como comidas fuera del hogar, cuidado personal, guarderías, recreación y servicio doméstico. Estos rubros, que tienen un peso relevante en el gasto de los hogares, podrían registrar alzas cercanas al 11 % durante 2026.
A este escenario se suma el efecto de la indexación. La inflación de 2025 servirá de base para ajustar desde enero matrículas educativas, peajes, servicios públicos y otros precios regulados, generando un aumento simultáneo del costo de vida. En paralelo, varios analistas anticipan que el Banco de la República podría verse obligado a endurecer nuevamente su política monetaria.
Fenalco también advirtió que el decreto desconoció la competencia técnica del Dane como entidad encargada de definir y certificar la canasta del IPC, base fundamental para la medición de la inflación en el país. Para el gremio, este aspecto refuerza los vicios legales que motivan la demanda.
Desde la perspectiva del comercio, el resultado final podría ser una paradoja económica: un salario mínimo con un aumento histórico en términos nominales, pero con menor poder adquisitivo real debido a la inflación, mayores tasas de interés y un debilitamiento del empleo formal.
Por estas razones, Fenalco solicitó al Consejo de Estado suspender de manera provisional el decreto mientras avanza el análisis judicial. El gremio asegura que su petición busca proteger el interés general, la seguridad jurídica y la estabilidad económica del país en un momento clave para la recuperación del tejido empresarial.
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