El emblemático Café del Mar ha agotado sus recursos legales para permanecer en las murallas de Cartagena. El Tribunal Administrativo de Bolívar rechazó su último recurso, marcando el fin de una disputa legal de años por el baluarte.
El Tribunal Administrativo de Bolívar rechazó el último recurso de Café del Mar, el conocido bar al aire libre ubicado en el Baluarte de Santo Domingo, tras el desalojo ordenado por el Distrito de Cartagena el pasado 2 de septiembre.
La decisión establece que el popular establecimiento debe abandonar de forma definitiva el baluarte, permitiendo que las autoridades locales retomen el control de este espacio patrimonial.
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Con este fallo, la Gerencia de Espacio Público de Cartagena y la Inspección de Policía tienen vía libre para la restitución total del área, poniendo fin al esfuerzo de la empresa por permanecer en la histórica ubicación.
Un hito en la defensa del patrimonio cultural de Cartagena
La sentencia final en el caso Café del Mar representa un avance importante en la protección del patrimonio cultural de Cartagena. El conflicto, que comenzó en 2019 cuando el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró que el arrendamiento del lugar era irregular y que el canon de arrendamiento no correspondía al valor real del área, ha sido objeto de una intensa batalla legal.
La decisión de desalojo devuelve el baluarte Santo Domingo al uso público, luego de años en los que fue un símbolo de exclusividad y entretenimiento privado.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, ha expresado su visión de transformar el espacio en el «Baluarte de la Gente», un espacio público y gratuito que incluirá programación cultural y musical accesible para todas las edades.
La propuesta de la alcaldía busca devolver al baluarte su esencia como lugar de reunión para los cartageneros y visitantes, al tiempo que resalta su valor histórico.
Fin de una disputa de años
La controversia entre Café del Mar y el Distrito de Cartagena ha mantenido en vilo a la ciudadanía y a los defensores del patrimonio, quienes argumentaban que las murallas de Cartagena, construidas para proteger la ciudad de invasiones en siglos pasados, debían estar abiertas al acceso y disfrute de todos.
«El desalojo estuvo amparado en el cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado, que el 21 de noviembre de 2022 ordenó a la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar) liquidar el contrato de arrendamiento con Café del Mar, asegurando que vulneraba los derechos colectivos al goce del espacio público y a la defensa al patrimonio cultural», señala el alto tribunal en uno de los apartes del fallo.
Este fallo de segunda instancia responde a la apelación presentada por el bar-restaurante, tras la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar que, desde 2019, ha declarado vulnerado el derecho al uso del espacio público.
Además, el tribunal indicó que el canon de arrendamiento en el Baluarte de Santo Domingo estaba muy por debajo de su valor real, el cual, según las autoridades, debería aproximarse a los $150 millones mensuales.
Así fue el desalojo
El pasado 2 de septiembre, la Alcaldía de Cartagena, siguiendo una orden del Consejo de Estado, inició el proceso de restitución del espacio público en el baluarte Santo Domingo.
El restaurante, conocido por su vista exclusiva y ambiente selecto, ocupaba más del 80 % de esta joya arquitectónica, declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad.
Sin embargo, este espacio solo era accesible para los clientes del bar, principalmente turistas extranjeros dispuestos a pagar por la oferta de licores y platillos.
La sentencia del Consejo de Estado de noviembre de 2022 fue clara: el contrato de arrendamiento entre Café del Mar y la Escuela Taller de Cartagena (Etcar) debía ser anulado, ya que infringía los derechos colectivos al disfrute del espacio público y la protección del patrimonio cultural.
Aunque la primera intervención permitió recuperar una parte del predio, el área destinada a la cocina y barra del restaurante seguía bajo control del bar.
La disputa legal continuó cuando el restaurante presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, argumentando que el desalojo completo debía ser ordenado por el Consejo de Estado y no por el tribunal.
Foto: Distrito de Cartagena
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