La decisión de la Corte Constitucional frena el plan del Gobierno para aumentar gravámenes a licores y transacciones financieras, protegiendo la operatividad de miles de establecimientos.
La Corte Constitucional suspendió provisionalmente el Decreto 1930 de 2025. Esta norma, que oficializaba el Estado de Emergencia Económica y Social, facultaba al Gobierno de Gustavo Petro para expedir decretos con fuerza de ley en materia tributaria. La suspensión de estos efectos detiene, al menos temporalmente, un ambicioso plan de recaudo de 11 billones de pesos que los gremios habían calificado como una amenaza directa para la estabilidad del sector.
La preocupación del gremio se fundamentaba en las propuestas que el Ministerio de Hacienda consideraba bajo este marco de excepción. Entre las medidas proyectadas figuraba el aumento del impuesto a las transacciones financieras del 4 al 5 por mil, un costo operativo que recae con fuerza sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del sector. Con la decisión de la Corte, este incremento en las cargas financieras queda congelado, evitando una presión adicional sobre la caja de los restaurantes formales que ya lidian con una alta inflación.
Otro punto crítico para los restauranteros era el incremento impositivo a los licores premium, vinos importados y destilados de alto valor. Estos productos, esenciales para el acompañamiento de menús y la rentabilidad de los establecimientos, han sufrido constantes alzas de precio por factores macroeconómicos. La suspensión de la emergencia impide que se sumen nuevos gravámenes a estos insumos, protegiendo el ticket promedio y evitando que el consumo de los ciudadanos se contraiga aún más por los altos costos finales en la carta.
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La representatividad del sector formal se encontraba en riesgo ante lo que Acodrés denominó una “estructura tributaria que limita la capacidad de consumo”. El gremio advirtió que las nuevas cargas fiscales elevarían los costos de operación hasta niveles insostenibles. Al frenar estas facultades extraordinarias, la Corte Constitucional previene una migración masiva hacia modelos de negocio informales, un fenómeno que suele agudizarse cuando la presión regulatoria y financiera asfixia al emprendimiento legal.
Blindaje a la formalidad y el empleo gastronómico
El análisis del gremio subraya que la industria ya enfrenta retos complejos como la reducción de horarios productivos y el aumento de las cargas laborales propuestas por otros ministerios. La emergencia económica pretendía fortalecer los llamados “impuestos saludables” y gravámenes a bebidas alcohólicas, medidas que habrían impactado el corazón de la oferta gastronómica. La intervención judicial actúa hoy como un escudo para preservar el empleo formal en un sector que es motor clave del turismo y la reactivación económica del país.
Los magistrados de la Sala Plena argumentaron que la suspensión busca evitar daños irreparables a la supremacía de la Constitución mientras se surte el control de fondo. Para los empresarios, esto significa una pausa necesaria en medio de un escenario de incertidumbre fiscal. El Gobierno justificaba la emergencia por deudas judiciales, necesidades en seguridad y subsidios energéticos; sin embargo, la Corte priorizó la estabilidad institucional y la legalidad tributaria frente a la urgencia de caja del Ejecutivo.
Este hito jurídico redefine el margen de maniobra del Ministerio de Hacienda para el resto del año 2026. Al quedar inhabilitado para crear impuestos por decreto, cualquier reforma tributaria deberá ahora transitar por el Congreso de la República, permitiendo un debate democrático donde gremios como Acodrés puedan exponer el impacto real de las medidas. Esta mediación asegura que la competitividad de los restaurantes no sea sacrificada en aras de cubrir déficits fiscales de manera acelerada y unilateral.
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