El gerente de la FLA advierte que el alza tributaria disparará el precio del “guaro”.
El panorama para el sector de licores en Colombia ha dado un giro dramático este inicio de 2026. Tras la expedición del decreto gubernamental bajo el marco de la Emergencia Económica, las alarmas se han encendido en las principales licoreras del país. No es para menos: el impacto en el bolsillo del consumidor no será un ajuste marginal, sino un salto disruptivo que redefine la competitividad de la industria nacional.
Esteban Maya Ramos, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), ha sido tajante al analizar la magnitud de esta carga tributaria. Según el directivo, el incremento en el precio final de una bebida tan emblemática como el aguardiente podría alcanzar hasta un 48%. Este porcentaje no solo representa un desafío logístico y comercial, sino que altera profundamente la estructura de consumo en todos los estratos sociales.
La matemática detrás de la medida es cruda. Maya Ramos explica que, dependiendo de la línea del producto y sus grados de alcohol, el consumidor deberá asumir incrementos de entre el 44% y el 48%. En términos prácticos, una botella de Aguardiente Antioqueño tapa roja de 750 ml, que antes se facturaba en $40.000, pasará a costar $60.000. Un golpe seco a la demanda de uno de los productos más populares del mercado.
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Este escenario plantea una encrucijada para las finanzas departamentales. Históricamente, el recaudo por licores ha sido el motor de inversión en salud y educación en las regiones. Sin embargo, con las nuevas reglas de juego, los recursos parecen tener un destino distinto. El gerente de la FLA advierte que el flujo de capital ahora se dirigirá hacia la Nación, engrosando lo que él denomina una burocracia que debilita la autonomía fiscal regional.
Desde una perspectiva de negocios, la preocupación radica en la elasticidad de la demanda. Si la FLA proyectaba un crecimiento del 5% para este año, este incremento tributario pone esa meta en terreno incierto. Si se mantuviera el volumen de ventas del año anterior —unos 73,2 millones de unidades—, la empresa tendría que girar a la Nación cerca de $720.000 millones solo por concepto de impuesto al consumo.
Pero el riesgo no es solo financiero; es de seguridad y legalidad. Un aumento de esta magnitud crea el caldo de cultivo perfecto para el mercado negro. Al dispararse el precio del producto legal, el contrabando y el licor adulterado ganan una ventaja competitiva peligrosa. Para el sector formal, competir con estructuras criminales que no pagan impuestos se vuelve una batalla cuesta arriba.
En este contexto, la industria ha puesto sus ojos en el Palacio de Justicia. Existe una esperanza jurídica: que la Corte Constitucional, mientras estudia el fondo del decreto, dicte una medida cautelar. Esto permitiría al mercado seguir operando bajo la estructura fiscal anterior, evitando un choque inflacionario inmediato que podría deprimir las ventas de manera irreversible.
El análisis de Maya Ramos también destaca una desigualdad competitiva intrínseca. Aunque el decreto afecta a todos los licores, el aguardiente es el más vulnerable. Al ser tradicionalmente el producto más competitivo en precio, cualquier porcentaje de aumento se siente con mayor rigor en el presupuesto del consumidor habitual, quien suele ser más sensible a las variaciones de costo.
Por otro lado, el ron tampoco escapa a esta realidad, con un incremento proyectado también sobre el 48%. Este fenómeno obliga a las licoreras regionales a repensar su estrategia de posicionamiento. ¿Cómo mantener la fidelidad de un cliente cuando su bebida de preferencia sube casi la mitad de su valor de la noche a la mañana? La respuesta aún está en construcción.
La tensión entre el Gobierno central y las regiones es evidente. Mientras el Ejecutivo busca tapar el déficit fiscal mediante la Emergencia Económica, las licoreras regionales sienten que se les arrebata su principal fuente de financiamiento para proyectos sociales. Es un pulso donde la credibilidad de las instituciones está en juego frente a la percepción ciudadana.
Además, el componente humano del consumo no puede ignorarse. El “guaro” es parte del tejido social colombiano; está presente en celebraciones y momentos cotidianos. Transformar un producto de consumo masivo en uno de difícil acceso podría generar un malestar social que trascienda lo económico, afectando incluso a la industria del entretenimiento y el turismo.
La operatividad de la FLA, una de las empresas más importantes de Antioquia, se ve ahora sujeta a decisiones judiciales y políticas. El objetivo de vender las mismas unidades que el año pasado parece hoy una tarea titánica bajo el peso de una carga tributaria que el gerente califica como “desconsiderada”. El mercado, por ahora, observa con cautela.
En definitiva, el 2026 arranca con una transformación forzada para la industria de destilados. La combinación de un IVA más alto y un impuesto al consumo reforzado crea un escenario de incertidumbre donde solo la eficiencia operativa y una posible intervención judicial podrían evitar una caída estrepitosa del sector formal.
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