El doble ajuste tributario obliga a productores, distribuidores y restaurantes a replantear precios, portafolios y márgenes en 2026.
El 2026 se perfila como un punto de quiebre para el negocio de los destilados. El alza del IVA al 19% y la entrada en vigor de un nuevo impuesto al consumo no son simples ajustes técnicos: juntos fuerzan un giro drástico en la estructura de precios de estas bebidas y reconfiguran las reglas del juego para toda la cadena.
Hasta ahora, el precio final de los destilados se había sostenido sobre un delicado equilibrio entre carga tributaria, volumen de ventas y percepción de valor. Ese equilibrio se rompe cuando dos impuestos impactan de forma simultánea el mismo producto, elevando el costo de manera directa y reduciendo el margen de maniobra de los actores del sector.
Para los productores e importadores, el efecto es inmediato. El incremento tributario se traslada al costo base del producto, encareciendo inventarios, flujos de caja y capital de trabajo. En un negocio donde el tiempo de rotación es clave, cada punto porcentual adicional se convierte en presión financiera.
En el eslabón de la distribución, el ajuste obliga a redefinir listas de precios y condiciones comerciales. El mayor costo fiscal no solo afecta el precio unitario, sino también las estrategias de descuento, las promociones y los acuerdos de volumen que tradicionalmente han sostenido la demanda en canales especializados.
El impacto se vuelve más visible en bares, restaurantes y hoteles, donde los destilados cumplen un doble rol: son producto y, al mismo tiempo, ancla de rentabilidad. Un aumento significativo en el precio de compra reduce el margen por copa y tensiona la ecuación entre rentabilidad y competitividad frente al consumidor.
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Aquí surge el dilema central del negocio en 2026: trasladar completamente el incremento al cliente final o absorber parte del golpe. Subir precios protege la caja, pero arriesga volumen. Contener el alza preserva la demanda, pero erosiona márgenes en un entorno ya presionado por otros costos operativos.
El nuevo escenario obliga a una segmentación más clara del portafolio. Los destilados premium y superpremium, con un consumidor menos sensible al precio, podrían absorber mejor el impacto. En contraste, las referencias de entrada quedan en una zona crítica, donde pequeños incrementos pueden alterar la decisión de compra.
Este giro tributario también redefine el papel del destilado dentro de la oferta gastronómica. En muchos casos, dejará de ser un producto de rotación amplia para convertirse en un consumo más ocasional, reservado para momentos específicos y con mayor carga simbólica que cotidiana.
Desde la óptica de negocio, el ajuste empuja a revisar la ingeniería de precios. El valor ya no se explica solo por la marca o el origen, sino por la experiencia que rodea al consumo: servicio, coctelería, maridaje y narrativa. El precio sube, pero debe hacerlo acompañado de una propuesta más sólida.
El aumento del IVA y el nuevo impuesto al consumo también tienen un efecto psicológico. El consumidor percibe el destilado como “más caro”, incluso antes de comparar alternativas. Esa percepción influye en el ticket promedio, en la frecuencia de consumo y en la elección de bebidas sustitutas.
Para el sector formal, el reto es mayor. La carga tributaria se convierte en un factor que exige disciplina financiera y control estricto del inventario. Cada botella inmovilizada en bodega representa un costo más alto que en años anteriores.
En este contexto, la estrategia de precios deja de ser anual y pasa a ser dinámica. Ajustes graduales, revisión constante de costos y lectura permanente del comportamiento del cliente se vuelven prácticas indispensables para no perder competitividad.
El cambio también abre un debate de fondo sobre el modelo de negocio. Con precios al alza, la rentabilidad dependerá menos del volumen y más de la gestión eficiente, la rotación inteligente y la capacidad de capturar valor en cada venta.
El alza del IVA al 19% y el nuevo impuesto al consumo marcan, en definitiva, un antes y un después. Se trata de un cambio estructural que obliga al sector a repensar precios, estrategias y expectativas en un negocio donde cada decisión tributaria se refleja, de inmediato, en la copa del consumidor.
Destilados más caros
Aunque los impuestos a las bebidas alcohólicas no son nuevos, el escenario que se perfila para 2026 supone una presión adicional sobre los precios, especialmente en un contexto de desaceleración del consumo y de márgenes cada vez más ajustados para bares, restaurantes y tiendas especializadas.
En el caso del whisky, un producto mayoritariamente importado, el efecto es doble. Al IVA del 19 % se suma el impuesto al consumo, lo que incrementa de forma significativa el precio en góndola. Para referencias de gama media y alta, el ajuste puede traducirse en aumentos visibles para el consumidor final, afectando decisiones de compra y frecuencia de consumo.
En términos prácticos, el ajuste fiscal se traducirá en incrementos de doble dígito en productos de alta rotación. El caso más representativo es el del aguardiente, bebida insignia del consumo local y pieza clave del flujo de caja en miles de establecimientos gastronómicos del país.
Una botella de aguardiente de 750 mililitros que hoy se comercializa alrededor de los $50.000 podría pasar a costar cerca de $63.000 en 2026, una variación cercana al 26 %, una cifra que obliga a repensar estrategias de precios, presentaciones y volumen de venta.
El impacto también será significativo en el ron, una categoría que ha ganado terreno en coctelería y consumo premium. Un producto que actualmente se vende en torno a los $55.800 podría alcanzar los $70.470, valor que ya incorpora el IVA y el impuesto asociado a su graduación alcohólica de 35 grados.
En el segmento del whisky, tradicionalmente más sensible al precio, el efecto será aún más visible. Botellas que hoy rondan los $63.980 podrían llegar a los $80.313 tras la aplicación de los nuevos gravámenes, encareciendo una categoría clave para bares nocturnos y restaurantes de ticket medio y alto.
Las marcas y distribuidores de whisky ya evalúan escenarios de reprecificación para 2026. En muchos casos, el incremento no podrá ser absorbido por la cadena comercial y terminará trasladándose al cliente, lo que podría desacelerar un segmento que venía mostrando recuperación tras los años más duros de la pandemia.
El aguardiente, por su parte, enfrenta un panorama distinto pero igualmente desafiante. Al tratarse de una bebida de producción nacional y alto consumo popular, cualquier ajuste de precio tiene un impacto directo en el volumen de ventas. La aplicación del IVA del 19 % y el impuesto al consumo redefine el precio final de una bebida históricamente sensible al bolsillo del consumidor.
Para los departamentos y licoreras oficiales, el cambio tributario abre un debate complejo. Por un lado, el impuesto representa una fuente clave de ingresos fiscales; por otro, un aumento excesivo en el precio podría incentivar la informalidad o la sustitución por otras bebidas alcohólicas de menor carga tributaria.
En bares y restaurantes, el efecto será inmediato en las cartas. El whisky, utilizado tanto para consumo directo como para coctelería premium, verá incrementos que obligarán a revisar precios, porciones o estrategias comerciales para no afectar la rotación. El aguardiente, tradicional en celebraciones y consumo grupal, también exigirá ajustes que podrían impactar la percepción de valor.
El nuevo escenario tributario llega en un momento en el que el sector gastronómico aún enfrenta retos estructurales: altos costos operativos, menor poder adquisitivo del consumidor y una competencia cada vez más intensa. La subida de impuestos a los destilados se suma a esta ecuación y obliga a tomar decisiones estratégicas.
Desde el punto de vista del consumidor, el impacto se sentirá en el precio final de cada botella y de cada trago. El whisky podría consolidarse aún más como un producto de consumo ocasional, mientras que el aguardiente podría enfrentar una caída en volumen si el incremento supera ciertos umbrales de tolerancia del mercado.
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