Tras la revocatoria de medidas cautelares en Alicante, la disputa entre la cadena colombiana y la firma española entra en una fase de contrademandas millonarias.
La controversia que enfrenta a la cadena original de Pereira con la sociedad Frisby España ha dado un giro significativo tras el reciente fallo de la Audiencia Provincial de Alicante. Esta instancia judicial revocó las medidas cautelares que frenaban la operación europea, permitiendo que la firma española retome su plan de apertura de locales en Madrid y Barcelona en un plazo estimado de cuatro a siete semanas.
La decisión judicial no representa un cierre definitivo del litigio, sino un cambio en la dinámica de poder procesal. El tribunal fundamentó su fallo en la falta de “presencia significativa” de la marca colombiana en territorio español. Aunque se reconoce que la enseña es ampliamente conocida por los más de 850.000 colombianos residentes en la península, la justicia determinó que este sector poblacional no constituye una cuota representativa del mercado general para validar la exclusividad de un registro inactivo desde 2005.
Ante este panorama, Frisby Colombia ha sido enfática en aclarar que el proceso de fondo por infracción de derechos y competencia desleal sigue vigente. La compañía desestimó las afirmaciones de victoria total por parte de la contraparte, calificando la notificación del 27 de marzo como una etapa administrativa y procesal. La organización mantiene su defensa sobre la vigencia de la marca en la Unión Europea, argumentando que la identidad visual y el personaje icónico utilizados en España constituyen una suplantación evidente.
Por otro lado, la estrategia de Frisby España, liderada por su representante legal Charles Dupont, ha pasado de la defensa a la ofensiva económica. Dupont anunció la interposición de una contrademanda contra la firma colombiana, buscando una indemnización por las pérdidas derivadas de las restricciones legales que mantuvieron paralizada su operación. La reclamación asciende a 700.000 euros, desglosados en 200.000 euros por lucro cesante y 500.000 euros adicionales por compensación de tiempo de inactividad forzosa.
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A esta cifra se le suma una pretensión económica adicional: el cobro del valor total de las utilidades generadas entre mayo y diciembre de 2025. Esta agresiva postura financiera busca castigar lo que la firma española considera una obstaculización de la libre competencia. Dupont sostiene que mantener un registro marcario inactivo durante dos décadas en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) no otorga derechos perpetuos si no existe una explotación comercial física en el mercado general.
El plan operativo de la firma española incluye una hoja de ruta ambiciosa que contempla la apertura inmediata de sedes físicas y la implementación de cocinas ocultas para servicio a domicilio. Con una proyección de contratación de 100 empleados y una base estimada de 1.100 comensales diarios, la empresa busca consolidar su presencia en Sevilla y Málaga tras asegurar sus posiciones en los nodos principales de Madrid y Barcelona. Este despliegue ocurre en paralelo a otras acciones legales iniciadas por la misma firma contra gigantes como KFC por presuntas prácticas anticompetitivas.
Desde una perspectiva de estrategia de marca, los esfuerzos recientes de Frisby Colombia por generar notoriedad en España —que incluyeron recorridos del personaje del pollo por la Gran Vía y la Puerta de Alcalá— no lograron convencer a los magistrados de su relevancia comercial actual. El tribunal consideró que estas acciones publicitarias aisladas no equivalen al uso efectivo de la marca exigido por la normativa europea para mantener la protección contra terceros que sí demuestran intención de operar.
El conflicto ha escalado también al terreno de la “mala fe” procesal. Mientras la cadena colombiana acusa a los españoles de aprovecharse de un nombre con casi 50 años de historia y prestigio en América Latina, los representantes europeos alegan que la firma colombiana actúa de forma obstructiva. La resolución definitiva de esta acusación queda ahora en manos de la EUIPO, organismo que deberá decidir sobre la nulidad de la marca solicitada por los españoles y la validez de los argumentos de la casa matriz pereirana.
En el sector gastronómico y de hospitalidad, este caso se estudia como un precedente crítico sobre la territorialidad de las marcas en la era global. La lección para las multinacionales latinas es clara: el registro documental en jurisdicciones internacionales requiere una ejecución comercial palpable para evitar la vulnerabilidad jurídica. La protección marcaria en Europa demanda una cuota de mercado que trascienda a la diáspora y se inserte en el consumo masivo de la sociedad local.
La incertidumbre sobre quién ostentará finalmente el derecho de explotación del nombre “Frisby” afecta directamente los planes de expansión internacional de la cadena original. Si la EUIPO falla a favor de la nulidad del registro por falta de uso, la marca colombiana podría verse obligada a cambiar su identidad para entrar legalmente al mercado europeo o, en su defecto, negociar una licencia con la firma que hoy la disputa en los tribunales de Alicante.
Mientras el expediente permanece abierto, la tensión entre las partes se refleja en las plataformas digitales y redes sociales, donde el consumidor observa una duplicidad de identidades visuales casi idénticas. Esta confusión de marca es precisamente uno de los puntos centrales que los tribunales de lo mercantil deberán resolver para evitar perjuicios al consumidor final, quien hoy se encuentra ante dos propuestas que reclaman la misma herencia iconográfica.
El desenlace de esta batalla legal definirá el futuro de uno de los nombres más queridos de la gastronomía colombiana en el exterior. Por ahora, el mercado español se prepara para recibir al Pollo Frisby bajo una administración que, aunque legalmente habilitada para abrir puertas, aún debe demostrar ante los organismos de propiedad intelectual que su origen y legitimidad comercial están desconectados de la historia escrita en Colombia desde 1977.
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