Como empresario del sector gastronómico, recibí con preocupación la entrada en vigor de la reforma laboral de 2025, en un momento en que las mipymes luchaban por consolidar el empleo formal tras años de crisis económica.
Aunque esta ley pretende ser una actualización para proteger los derechos de los trabajadores, su aplicación práctica resulta un paquete de medidas graves para los pequeños y medianos empresarios.
El artículo 47 establece el contrato a término indefinido como norma general, restringiendo severamente la utilización de contratos a término fijo. Esta limitación reduce la flexibilidad necesaria que requiere un sector como el nuestro, que maneja una alta estacionalidad y demanda fluctuante. Los contratos temporales solo se permitirán en casos excepcionales como obra o trabajo determinado, lo que obliga a las mipymes a asumir vínculos laborales permanentes que dificultan la gestión de costos y personal.
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La jornada laboral máxima sigue siendo de 8 horas diarias y 42 horas semanales. Sin embargo, la reforma permite distribuir estas horas en hasta 6 días con un día de descanso obligatorio. El trabajo en días dominicales y festivos tendrá un recargo progresivo que aumentará de un 80% en 2025, a un 90% en 2026, para finalmente alcanzar un 100% a partir de 2027 (Artículo 179). Esto impacta de forma directa al sector gastronómico, el cual depende mayormente de la actividad durante fines de semana y festivos para lograr rentabilidad.
El trabajo nocturno alcanza ahora un período entre las 7:00 pm y las 6:00 am, con el pago de recargas adicionales, incrementando aún más los costos en horarios clave para el negocio. La eliminación del permiso para trabajar horas extras frente al Ministerio del Trabajo no alivia esta carga, ya que las sanciones por incumplimiento pueden incluir suspensión de la autorización por seis meses.
Por otra parte, se introduce el auxilio de conectividad para trabajadores que devengan menos de dos salarios mínimos legales, convirtiéndolo en un beneficio reconocido dentro del salario para efectos legales y de prestaciones sociales. Esta novedad incrementa la base salarial y, por ende, los costos fijos de las empresas, afectado particularmente a las mipymes que utilizan modalidades de teletrabajo.
El procedimiento disciplinario se regula exhaustivamente, exigiendo múltiples etapas de debido proceso para sancionar empleos. Aunque garantiza derechos fundamentales de los trabajadores, representa un trámite complejo y de alto riesgo para empresarios de bajo volumen que no cuentan con áreas legales robustas.
Finalmente, la reforma intensifica la fiscalización laboral por el Ministerio del Trabajo y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP), aumentando el riesgo de sanciones y multas por incumplimientos formales o materiales en aspectos contractuales, pagos y aportes.
En conclusión, la reforma laboral sancionada en 2025 impone una carga sustancial e inédita sobre las mipymes, cuyo impacto se percibe con especial crudeza en sectores como restaurantes y bares. La inflexibilidad para contratar, el aumento exorbitante de recargas dominicales y nocturnas, y la ampliación de prestaciones obligatorias amenazan la viabilidad de numerosos negocios que generan gran parte del empleo formal a nivel local.
Se requiere una revisión urgente, acompañada de políticas compensatorias, para evitar lo que podría ser un desastre económico para las mipymes y una mayor informalidad en el mercado laboral.
Artículo escrito por: Jose Neftali Acuña Bayona: Empresario del sector de restaurantes y bares
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