Gremios empresariales cuestionan el salario mínimo 2026 por su impacto en costos laborales, empleo formal e inflación en sectores intensivos en mano de obra.
La discusión sobre el salario mínimo para 2026 volvió a tensar la relación entre el Gobierno y los principales gremios de hotelería y restauración, que advierten riesgos estructurales para el empleo formal y la sostenibilidad empresarial si se consolida un incremento en dos dígitos. Asobares Colombia, Cotelco, Acodres y Acopi coinciden en que el debate no puede limitarse al ingreso nominal del trabajador, sino al impacto sistémico sobre miles de empresas intensivas en mano de obra.
Asobares Colombia, que agrupa bares, gastrobares, restaurantes y establecimientos de entretenimiento en 20 territorios, expresó su preocupación por un aumento que supere la inflación. El gremio señala que el sector llega a esta discusión tras absorber mayores costos derivados de la reforma laboral, el encarecimiento de alimentos, servicios e insumos, y una caída en los ingresos que ha deteriorado los márgenes operativos.
El alcance económico del sector no es menor. Según Asobares, más de 100.000 establecimientos y cerca de 1,68 millones de empleos dependen directamente de esta actividad. Un incremento del salario mínimo por encima de la inflación, advierten, tendría un efecto dominó sobre arriendos, transporte, servicios públicos y precios de los alimentos, trasladando presiones inflacionarias a toda la cadena de consumo.
Desde la óptica gremial, el ajuste para 2026 debería corresponder al nivel de inflación anual, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo sin comprometer la viabilidad de las mipymes. “Nuestro compromiso es avanzar en formalización y estabilidad laboral, pero no es posible asumir incrementos desconectados de la realidad económica”, subraya Asobares.
Sectores intensivos en mano de obra bajo presión
El sector hotelero comparte la preocupación. Cotelco advirtió que un aumento superior al 23 % impacta de manera directa su estructura de costos, donde cerca del 70 % del personal corresponde al componente operativo. La situación se agrava por la reducción de la jornada laboral, el aumento de recargos dominicales y festivos, y la ampliación del horario nocturno.
José Andrés Duarte, presidente ejecutivo de Cotelco, recordó que los hoteles operan 24/7 y ya enfrentan una presión acumulada en costos. A ello se suman factores externos como las altas tarifas de energía, que desde enero de 2025 incorporan una sobretasa del 20 %, y el incremento del gas, insumos críticos para la operación.
Las cifras oficiales refuerzan la alerta. Cotelco señala que los ingresos reales del sector han mostrado comportamientos negativos, según datos del DANE, lo que limita la capacidad de absorber nuevos costos laborales sin afectar empleo o inversión. En este contexto, el gremio advierte que el aumento podría profundizar la informalidad, en contravía del objetivo de mejorar la calidad del empleo.
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Desde la gastronomía organizada, Acodres puso el foco en el costo real del empleo formal. Para 2026, aunque el salario mínimo y el auxilio de transporte suman cerca de $2 millones mensuales, el costo total por trabajador asciende a $2.975.614, es decir, un 44,79 % adicional en cargas de seguridad social y prestaciones.
Este diferencial incluye aportes a salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación, cesantías, intereses, prima y vacaciones. “El empleo formal no se mide solo por el salario”, insiste Acodres, que pide un debate técnico sustentado en cifras reales y diálogo tripartito entre Estado, empresas y trabajadores.
La posición de Acopi amplía el ángulo macroeconómico. El gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas considera que el incremento decretado del 23,78 % no guarda coherencia con la productividad de la economía ni con la capacidad de pago del tejido empresarial, compuesto en más de un 90 % por mipymes.
Acopi advierte efectos concretos: reducción o congelamiento de contrataciones, destrucción de empleo formal, mayor informalidad, tercerización y presiones inflacionarias por traslado de costos a precios finales. A su juicio, la decisión priorizó criterios políticos sobre técnicos y debilitó el espíritu de concertación salarial.
La preocupación también se expresa desde la operación diaria. El líder gremial Guillermo Gómez fue directo al afirmar que “el Gobierno no decretó un aumento del salario mínimo, sino un incremento de cierres de restaurantes”. En 2025, recordó, se clausuraron 2.100 puntos de venta, una cifra que podría dispararse bajo las nuevas condiciones.
Más allá de las cifras, los gremios coinciden en que el debate del salario mínimo 2026 revela una tensión de fondo: cómo equilibrar protección del ingreso, productividad y sostenibilidad empresarial en una economía con alta informalidad. Sin una mirada integral, advierten, el riesgo es erosionar la base formal que financia el sistema.
En conjunto, Asobares, Cotelco, Acodres y Acopi llaman a reabrir una conversación técnica y responsable que considere costos reales, productividad y capacidad empresarial. Para los sectores de servicios, el salario mínimo no es solo una variable social, sino un factor crítico que puede definir la supervivencia de miles de negocios y el futuro del empleo formal en Colombia.
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